Para revitalizar la representación política.
“Una reforma política no suple, no puede
suplir, la configuración que una sociedad tenga en el ámbito político. Ayuda o
puede ayudar a que se mejoren en aspectos políticos de la sociedad, pero no le
da a ésta aquello de lo que carece”.
Jesús Reyes Heroles
Por
fin llegó la hora de concluir la revisión de los componentes que integra
nuestro sistema político y la forma en que se articula el sistema de partidos,
en relación con el ejercicio de la representación política.
El
pretexto: el anuncio de la Presidencia de la República, sobre la presentación
de una iniciativa de reforma a la Constitución en materia político – electoral;
la promesa de mi parte: compartir con ustedes algunas ideas para mejorar el
ejercicio de la función representativa que les es encomendada a nuestros
diputados.
Pues
bien, en las últimas cuatro semanas revisamos aspectos como la desgastada
imagen pública que tienen los diputados, en particular los plurinominales; la promesa de la autora de la iniciativa de limitar la concentración de poder en las
cúpulas de los partidos para definir la nómina de candidaturas, mediante su
eliminación del sistema político.
Constatamos
la falacia relativa a la improductividad de quienes integran la Cámara de
Diputados, pues a partir de la revisión de la numeralia parlamentaria entre
diversas legislaturas, pudimos advertir que, contrario a la creencia general,
los diputados plurinominales, suelen
ser más productivos que sus pares que son electos por voto directo.
En el
caso de los plurinominales, establecimos que la integración de la lista de
representación proporcional es definida mediante un intercambio entre grupos de
poder fáctico y la cúpula de los partidos, que se manifiesta a través de la
transacción: escaños seguros a cambio de votación cautiva.
Descubrimos
que cuando se articuló un sistema de partidos pluripartidista, altamente
competitivo (1997 a 2018), los partidos políticos perdieron la posibilidad de
garantizar a sus candidatos el triunfo; lo que generó un efecto virtuoso: los
diputados en funciones tornaron la mirada a su electores, y se preocuparon por representar
sus causas, con lo que se revitalizó el ejercicio de la representación
política, el federalismo, y, más importante aún, la división de poderes resultó
funcional por primera vez en la historia política de nuestro país.
Pero
no todo fue virtud. En ese mismo periodo, se manifestaron dos nuevos fenómenos:
la micro legislación y el uso de la Constitución y la Ley como propaganda
política.
La
micro legislación, no es otra cosa que una simulación de productividad, y
consiste en la práctica de presentar un gran número de piezas parlamentarias completamente
irrelevantes, como aquellas que proponen ajustar el uso del lenguaje, o la
homologación de un nombre o designación de determinada institución jurídica en
el texto de una ley; o bien, la vieja confiable: proponer la inscripción de alguna
leyenda o nombre con letras de oro en el recinto legislativo.
El uso
propagandístico de la Constitución y la Ley, consiste en la práctica de algunas
minorías legislativas de proponer auténticos disparates, que, no obstante, resultan
muy atractivos al electorado.
Finalmente,
fuimos conscientes de que, los diputados no se encuentran sujetos a un mandato
imperativo, por lo que no se encuentran de ninguna manera a actuar
necesariamente en un sentido determinado; si no que el ejercicio de su
representación es más bien genérico: en representación del interés general, por
tanto, difuso.
Sin
embargo, los incentivos que resultan del diseño institucional establecido en la
ley, han determinado que en el ejercicio de su función, los diputados de mayoría
se comporten como soldados de su
partido; y los plurinominales como
personeros de quienes los patrocinan; generalmente, en perjuicio de los
intereses de la ciudadanía, a la que deberían representar.
¿Cómo
podemos revertir esa disposición?
Todo
se trata de incentivos, y los incentivos para encauzar una conducta o nueva
realidad, se integran en la ley.
Por ejemplo,
en 1964, se incentivó la participación de las expresiones políticas
minoritarias, permitiendo su inclusión en la Cámara de Diputados mediante la
figura de los diputados de partido,
con la finalidad de permitir la expresión de sus demandas por canales
institucionales, y de esa manera, encauzar los movimientos sociales de la
época.
En
1977, se incentivó la institucionalización de la participación política de las
personas a través de los partidos políticos, mediante el reconocimiento de
éstos como entidades de interés público, a las que se les encomendó la función
exclusiva de postular candidaturas, para lo cual se estableció un régimen de
prerrogativas para la consecución de sus fines. Asimismo, se incentivó la
participación de las expresiones políticas, minoritarias, mediante la adición
de 100 escaños electos por el principio de representación proporcional.
En
1986 se buscó desincentivar el avance de las expresiones políticas
minoritarias, mediante la reforma al sistema político, pues si bien se
incrementó el número de escaños en la Cámara de Diputados, con lo que creció la
posibilidad de los partidos minoritarios para obtener un mayor número de
curules; como en el Big Brother, las reglas cambiaron, y a partir de
entonces, el partido mayoritario, participó en la asignación de diputaciones plurinominales, antes
reservadas en exclusiva para los partidos minoritarios.
Asimismo,
se incluyó la regla conocida como cláusula
de gobernabilidad, que aseguraba al partido que obtenía el mayor número de
votos en la elección de diputados, contara en todo caso, con la mayoría de
votos en la integración final de la Cámara de Diputados, mediante la asignación
de tantas diputaciones plurinominales, como fueran necesarias.
De tal
manera, las preguntas que se deben de hacer para plantear o bien, para analizar
una iniciativa de esta naturaleza deben ser: ¿Qué fin u objetivo se persigue?,
¿Qué problema resuelve?, ¿En realidad es un problema?, y quizá más importante:
¿De dónde proviene la iniciativa?
La
respuesta a la última cuestión, despeja las anteriores y permite advertir los
detalles.
Pues
bien, sin mayor preámbulo, a continuación, comparto algunas ideas para
revitalizar el ejercicio de la representación política, el pluralismo político
y la división de poderes.
1. Reelección. La fórmula
“sufragio efectivo no reelección”, resulta de un trauma histórico; la burra no
era arisca, pero hemos tenido presidentes que nada más no querían soltar el
poder; entonces, en un sistema presidencialista como el mexicano, tiene sentido
la proscripción de la reelección, pero sólo para el Ejecutivo Federal –y quizá
para gubernaturas-; sin embargo, para la elección de diputados, la reelección
puede redundar en la profesionalización de los parlamentarios y fortalecer el vínculo
entre representante y representados. El
problema es que la reelección actualmente está condicionada a que el partido
que lo postuló en primer orden, lo postule para la reelección, lo que afirma la
disciplina partidista; una posible solución sería la liberación de la
reelección, para que la permanencia de un parlamentario en el cargo, dependa
enteramente de los electores, y no de los partidos políticos.
2. Costo de operación del órgano legislativo.
Uno
de los argumentos recurrentes que se han utilizado para justificar las
iniciativas de reforma política que se han impulsado desde el 2018, y que hasta
ahora no se han consolidado es el excesivo gasto de algunos órganos, o el
relativo a las elecciones. Pues bien, una
alternativa sería regresar al diseño que se estableció en 1977, con 200
diputados de mayoría relativa y 100 de representación proporcional;
reservando la asignación de escaños de representación proporcional exclusivamente
a las expresiones políticas minoritarias.
3. Umbral de votación. Si se
quiere incentivar el pluralismo político, se deben establecer incentivos para la institucionalización de los partidos
políticos emergentes, lo que se puede lograr reestableciendo el porcentaje
de votación requerida y para tener acceso a la atribución de escaños de
representación proporcional, al 2% de la votación total.
4. Límites a la sobre representación. Desde
la inclusión de los diputados de partido, la integración de los de
representación proporcional (RP), el incremento de las plurinominales y las
reglas de asignación de escaños de RP; así como el régimen de prerrogativas y
financiamiento público; las reglas del juego político, históricamente
se han establecido para asegurar el status
quo, es decir que el partido mayoritario, siempre ostente esa condición y
las minorías se mantengan como tales. Para superar esa disposición, se
debería reducir el límite a la sobre representación al 2%.
5. Acceso a Radio y Televisión. Una
posibilidad para generar condiciones de verdadera equidad en la competencia política
y la promoción del pluralismo político, sería la distribución igualitaria del tiempo en radio y televisión entre todos
los partidos políticos.
6. Financiamiento Público. Si
hablamos de incentivos, tiene sentido premiar a la opción política que logra
convencer a un mayor número de electores; sin embargo, se deben procurar
condiciones para que las opciones emergentes se consoliden, y eventualmente
logren ser mayoría, para ello se debería
modificar la fórmula para la distribución del financiamiento público que
corresponde a los partidos políticos; de tal manera, el 50% de la bolsa
disponible, se debería distribuir en partes iguales entre los partidos políticos, y el restante 50%, de manera
proporcional al porcentaje de votación obtenido en la última elección de
diputados. Desde luego, se debe revisar a la baja la fórmula para el
cálculo del financiamiento público para partidos políticos, que son las únicas entidades
que tienen garantizado el quantum de sus
ingresos en la Constitución, ¿pues de qué privilegios gozan?
7. Elecciones primarias. Para
incentivar la participación política de la ciudadanía a través de los partidos
políticos, se debería establecer la
realización obligatoria de elecciones primarias para seleccionar cuando menos
el 50% de las candidaturas de mayoría relativa en un proceso electoral; con
esto se asegura un amplio margen de maniobra a los partidos, atendiendo a su
estrategia política y el cumplimiento de cuotas de inclusión.
8. Régimen de coaliciones. La
lógica de las coaliciones se sintetiza en la fórmula “te alías donde eres débil, o cuando eres débil”; de tal manera, atendiendo
a esa condición, las coaliciones sólo
deberían estar permitidas para las opciones políticas emergentes o minoritarias,
como una suerte de acción afirmativa que les permita consolidarse y ser competitivos;
por tanto, se debería prohibir postular candidaturas en coalición al partido político
que haya obtenido el mayor porcentaje de votos en la elección inmediata
anterior.
9. Candidaturas independientes.
Aunque tengo mis reservas en relación con la participación política de las
personas por la vía independiente, hay que reconocer que es derecho
constitucional de los valientes que se atreven, por esa vía, a participar en
una elección de manera independiente a los partidos políticos. En tal sentido, se deberían flexibilizar los requisitos
para obtener el derecho a ser registrado como tal. No sé cómo debería
hacerse, sin embargo, es una cuestión que se debe revisar.
La
anterior parece más una manifestación de buenos deseos que una posibilidad real
para una reingeniería político - electoral que revitalice el ejercicio de la
representación política, el pluralismo y haga funcional la división de poderes,
pero, ¡se vale soñar!
Como
alguna vez me dijo una buena amiga: ¡Gil, hay que soñar… después de todo, es
para lo que nos alcanza!
Gilberto Salazar
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