¡Qué manera de legislar!
El 5
de septiembre de 2019, en sesión ordinaría de la Cámara de Diputados, en la
que, se votó la integración de la Mesa Directiva para el segundo año de
ejercicio de la LXIV legislatura, Porfirio Muñoz Ledo✞, entonces presidente de la Mesa, fue llevado al límite por la
forma tan atropellada en que sus compañeros legisladores ejercían su función. Desesperado
y frustrado soltó la frase que quedó para posteridad: “!Chinguen a su madre, qué manera de legislar!”[1].
Así, sin quererlo, Don Porfirio, vaticinó sobre lo que
vendría en ésa y subsecuentes legislaturas; pues cada vez que tenemos noticia
de lo que hacen en las Cámaras del Congreso General y en las legislaturas de
los estados, no podemos más que repetir esa icónica frase, y es que sí, ¡Vaya
manera de legislar, la que estamos atestiguando en la actualidad!
Ejemplos sobran, sin embargo, por su importancia y posibles
implicaciones, sólo me referiré brevemente a la polémica Reforma al Poder
Judicial, en la que en pocas palabras, se plantea separar de sus funciones de
manera sumaria, sin darles la oportunidad de ser escuchados y vencidos en
juicio, a ministros de la Corte, magistrados y jueces del Poder Judicial de la
Federación, y sus equivalentes en los estados de la Unión; para que, quienes vayan
a relevarlos, sean electos mediante voto popular.
Esa disposición que dictó en el último tramo de su
administración el ex presidente López, se acató como lo marca el manual de los
legisladores que integran la coalición dominante en el Congreso General: “sin moverle una coma”; pues en palabras
del entonces dirigente nacional del partido mayoritario, lo importante era darle
al presidente “un gran regalo, como una
gran despedida, como un gran homenaje”[2]. En pocas
palabras: ¡cumplirle un caprichito!
Como saben, la reforma avanzó, se aprobó y fue publicada en
los términos que fue propuesta el 15 de septiembre pasado; todo esto, sin
haberse realizado un diagnóstico que permitiera identificar las áreas de
oportunidad y determinar, mediante el análisis, intercambio de ideas,
recuperación de experiencias y propuestas, a través de foros de consulta, pero
en serio.
Así, una vez que se publicó la mentada reforma en el Diario
Oficial de la Federación, y ante la incertidumbre generalizada sobre la forma
en que se habría de implementar la elección de juzgadores, la vocería de la
mayoría legislativa en San Lázaro, anunció que todos esos detalles serían aclarados en las leyes secundarias; sin embargo, el
Presidente de la Junta de la Coordinación Política de la Cámara de Diputados, apenas
dos días después de su publicación, reconoció desconocer el costo que tendrían
las elecciones de jueces, ministros y magistrados en 2025[3].
¿Qué significa esto? simple y sencillamente que los foros que
se realizaron para la Reforma no fueron más que una simulación, y como
consecuencia, nadie se ocupó de realizar un diagnóstico, revisión sistemática y
proyección del impacto que tendría su implementación, no solo en la legislación
secundaria; sino saber, antes de activar al Poder Reformador de la Constitución
una cuestión elemental ¿Cuánto costaría la elección de ministros, magistrados y
jueces a los mexicanos?; y a partir de ello, definir si era buena idea, si
valía la pena destinar esos recursos a esa ocurrencia; y en su caso, buscar
alternativas de solución ¡Nada de eso!
Como suele ocurrir en la vida, lo que mal inicia, mal termina;
y aunque el proceso de reforma al Poder Judicial por lo que hemos visto está
lejos de terminar, ya salieron a la luz algunos duendes que se les colaron a
los oficiosos legisladores que integran la mayoría en las Cámaras del Congreso.
Primer strike: Con
las prisas no se dieron cuenta que con la reforma que aprobaron y seguro nadie
leyó, se produjo un primer problema, los artículos 94 y 97 de la Constitución
establecen un método distinto e incompatible uno con el otro, para la elección
de la presidencia de la Suprema Corte, así como el periodo de su duración. La
solución: fácil, se volverá a reformar la Constitución, ¡faltaba más![4]
Segundo strike: Se
les olvidó que existen tribunales electorales locales, cuyos integrantes
actualmente son designados por el voto de las dos terceras partes de los
integrantes del Senado, ¿no que se elegirían a todos los jueces y magistrados
por voto popular?; la solución: ¡una vez más a reformar la Constitución!, el
Senador Monreal ya presentó cono todo sigilo la iniciativa correspondiente.
¡Oigan, ya que andan en eso!, ¿por qué no aprovechar la
oportunidad para que se elija por voto popular a magistrados de tribunales administrativos,
laborales y agrarios?; ¿o esos por qué no están considerados?
Tercer strike: No
tomaron en cuenta que conforme a las reglas vigentes hasta el día de hoy,
existe la posibilidad de que tanto jueces federales, como la Suprema Corte,
revisen la regularidad del proceso de reforma a la Constitución, con lo que
existe la posibilidad de que se declare su invalidez. La solución: pues
¡ooootra vez!, a reformar la Constitución para que eso no sea posible.
Por esa razón, la semana que pasó se generó una nueva
polémica, y no con falta de razón, pues ya entrados en gastos, los machuchones de San Lázaro, propusieron
reformar incluso el artículo 1 de la Constitución Federal para que a naiden se le ocurra inaplicar ninguna
norma por control de convencionalidad.
Afortunadamente aún hay voces sensatas y ese exabrupto no
pasó, habría sido muy grave que se votara en sus términos, dejando muy mal
parado al Estado mexicano en el concierto internacional (¡¡¿¿Maaaas??!!); pues
implicaba ir en contra del principio de progresividad en materia de Derechos
Humanos.
¡No hay viento favorable para quien no sabe a dónde va!
Con independencia del contenido de la reforma al Poder
Judicial y los parches a la Constitución que seguiremos viendo hasta que por fin
concluya ese proceso de reforma; lo más grave del asunto es lo que resulta de
esa manera de legislar: ¡Al golpe!
Al parecer la mayoría legislativa opera en contra de la
lógica, pues primero aprueba las reformas a la Constitución, y después se ocupa
de analizar sus impactos, implicaciones y costos.
Así, todo parece que en materia legislativa el Estado
mexicano va al garete, resolviendo
sobre la marcha; como se suele decir en administración pública: a bomberazos, es decir, sin planeación.
Por cierto, el INE recién incluyó en su proyecto de
presupuesto para 2025 la friolera de 13 mil millones de pesos sólo para la
elección de personas juzgadoras.
En contraste, en 2018, la mayoría legislativa en San Lázaro
pugnó por la desaparición de Organismos y Tribunales Electorales Locales, pues afirmaban
que “se gastaba mucho en elecciones”,
¡Qué cosas!, ¿No?
Gilberto Salazar
[2] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mario-delgado-pide-al-pt-reforma-judicial-como-regalo-de-jubilacion-para-amlo/
[3] https://www.reporteindigo.com/reporte/leyes-reglamentarias-de-reforma-judicial-listas-en-dos-meses-mas/
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