¿Elecciones más baratas?

Gilberto Salazar

El martes pasado la mayoría de las diputadas y diputados que integran el Congreso del Estado de Veracruz, aprobaron el decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución de Veracruz en materia electoral; hecho que ha sido ampliamente expuesto y debatido en medios de comunicación, pues se afirma que la reducción del 50% del financiamiento público que se otorga a los partidos políticos, se trata de una cortina de humo para ocultar la verdadera intención de la reforma, que a decir de los expertos, es ni más ni menos que proteger al titular del Ejecutivo estatal de la revocación de mandato, pues dicen que existe el temor fundado de que, de someterse a tal ejercicio de democracia directa, no saldría bien librado.

Pero más allá de la política, hablemos del aspecto técnico de la reforma. Ese mismo día, antes de que se consumara el acto legislativo en el Palacio de Encanto, un medio de comunicación daba cuenta de la opinión del Secretario de Finanzas del Estado, quien apuró a manifestar que “hay gastos innecesarios en consejos municipales” electorales.

No le falta razón al Secretario de Finanzas del Estado cuando afirma que “crear Consejos integrados es más eficiente”, pues cierto, conforme a las disposiciones aún vigentes en la Entidad, el Organismo electoral está obligado a instalar un consejo municipal en todos y cada uno de los municipios que integran el Estado para la elección de ediles de los ayuntamientos; y sí, algunos son muy pequeños y en ellos se instalan muy pocas casillas. No obstante en todos los municipios se debe instalar un consejo municipal para conducir la elección, que por lo menos implica arrendar un inmueble en cada municipio por espacio de 8 meses, el cual debe reunir características mínimas de seguridad para destinar un lugar para la bodega  en que han de resguardarse los paquetes al término de la jornada comicial; ello sin contar el gasto por concepto de nómina, servicio de energía eléctrica, telefonía, internet, gasolina, alimentos extraordinarios entre otros.

La verdad es que no son “algunos” lo municipios que son muy pequeños en opinión del Secretario de Finanzas. La mayoría de los municipios de Veracruz (148) integran una población inferior a los 43 mil habitantes[1]; de estos municipios de baja densidad poblacional, destaca el caso de 74 municipios que ostentan una población inferior a los 15 mil habitantes, entre los cuales sobresalen los municipios de Landero y Coss, Aquila y Comapa que cuentan con una población inferior a los 2 mil habitantes.

Los 148 que integran el bloque de municipios de baja densidad poblacional en su conjunto aglutinan el 34.34% de la población total del Estado.

En contraste, los municipios de población media[2] (34) y de población alta (15) en su conjunto concentran el 65.65% de la población total de Veracruz.

Los municipios con alta población de nuestro estado, integran una población superior a los 105 mil habitantes y son los municipios de Álamo, Tierra Blanca, Martínez de la Torre, Orizaba, Cosoleacaque, Boca del Río, Minatitlán, Papantla, Tuxpan, San Andrés Tuxtla, Poza Rica, Córdoba, Coatzacoalcos, Xalapa y Veracruz; entre todos estos, se concentra el 39% de la población total del Estado.

De los municipios con mayor población, destaca el caso de Coatzacoalcos con más de 300 mil habitantes, Xalapa con más de 480 mil y Veracruz que supera los 600 mil habitantes; y que, conforme al texto de la reforma, son los únicos “afortunados” que tendrán Consejos “especiales” para la realización del cómputo de la elección de ediles de los ayuntamientos. ¿Primero los Pobres?

Es cierto que, si en los consejos municipales electorales se vendieran piezas de pan, la lógica indica que quizá nunca debieron existir, pues el balance entre costo beneficio no justifica el gasto que representan. El problema es que en los consejos municipales no se vende ningún bien de consumo tangible, en ellos se producen intangibles acaso más valiosos para la convivencia social: Confianza ciudadana y paz social.

Hay una película, de esas que no me canso de ver, A Bronx Tale[3] (De Niro 1993), es una historia ambientada en el barrio del Bronx en Nueva York, que relata la historia de un niño –Calogero–  que crece muy cerca del capo de la mafia local –Sonny– de quien su padre –Lorenzo– quiere mantenerlo alejado. No lo logra, la fascinación por la vida de esos tipos duros lleva al muchacho a desafiar a su padre y trabajar para Sonny en sus tiempos libres, quien se asume entonces como su mentor.

En una escena, cuando Calogero (Lillo Brancato) ya es un joven, Sonny (Chazz Plaminteri) le cuestiona ¿Tu por qué crees que me respetan? Impetuoso, como suele ser la juventud e inexperiencia, Calogero apura la respuesta y afirma: ¡Porque eres muy rudo!; entonces Sonny, paternal le responde: ¡Te equivocas!, me respetan porque estoy cerca, me respetan porque saben que si hay problemas pueden acudir a mí, y saben que me encontrarán. ¡Disponibilidad!, ¡la clave es la disponibilidad!

Todos sabemos que entre más distante se encuentre la autoridad, es más factible que se rompa la disciplina; los niños lo saben bien, por eso, los más traviesos siempre buscan sentarse hasta atrás, lo más lejos posible del maestro, lejos de la autoridad, para poder hacer y deshacer a voluntad.

Disponibilidad, cercanía y proximidad, es la base del federalismo, y no solo de este modelo de estado, incluso en los estados centralistas, siempre se han requerido de delegados que cuiden los intereses del monarca, y sobre todo que sirvan de autoridad inmediata a la población, ante quienes puedan encauzar sus necesidades e inconformidades, para que los problemas que puedan surgir se atiendan y resuelvan de inmediato, antes de que se salgan de control.

Tristemente el afán de ahorrar dinero hace que las personas dejen de mirar con objetividad, y lo que es peor, sin conocer la razón que determinó cierta disposición de las cosas, para realizar un análisis desde una óptica mercantilista, a instituciones que no pueden ser medidas bajo el parámetro de la mayor rentabilidad.

Pensemos en el caso de las extintas agencias del ministerio público municipal, o de las agencias del ministerio público que existían bajo una lógica territorial en cada ciudad del Estado. Las desaparecieron con el argumento de que sería más eficiente eliminarlas, pues se gastaba demasiado en ellas, y en tal caso, era mejor centralizarlas en unidades de atención temprana, en las que el usuario –víctima de un delito- no tuviera que moverse a ningún otro lugar pues en esas unidades integrales lo encontraría todo, peritos, psicólogos, trabajadores sociales y médico legista, todo para que se cumpliera con eficiencia la vital encomienda de perseguir delitos que corresponde la fiscalía del Estado. ¡Suena Bonito!, ¿Verdad?

No funcionó, la realizad ha sido otra, sí se ahorró dinero en rentas, pero la procuración de justicia no mejoró sustancialmente, antes bien, la disposición actual de la institución de la fiscalía del Estado, su falta de disponibilidad territorial, la vuelve inaccesible, y ¿cómo no? Imagínese que usted es víctima de un delito en el municipio de Rafael Lucio o Acajete, lo robaron y golpearon, no obstante no puede denunciar los hechos en su municipio, para hacerlo, tiene que trasladarse a la ciudad de Xalapa, madreado y humillado, para formular su denuncia, y lo peor, cuando llega a la unidad integral de atención temprana, se topa con que no hay personal suficiente y tiene que esperar a que lo atiendan, cuando le toque turno, en un lugar que no tiene ni siquiera servicios sanitarios para el público y en el que se trabaja en las peores condiciones higiénicas.

Pero eso es otra historia, y solo sirve de ejemplo, de lo mal que puede ir una reforma basada en la idea de ahorrar dinero. Abaratar la impartición de justicia ayer, hoy abaratar las elecciones.

En vez de hablar de ahorrar, de gastar menos, se debería buscar la mayor eficiencia, son concepciones distintas, que hablan de la riqueza de pensamiento de quien las utiliza.

Ya sabemos que en los municipios con menor población se venden pocas piezas de pan, por ello una cadena de panaderías habrá de pensárselo bien antes de instalar una panadería en esos municipios de baja rentabilidad si no quiere ver afectadas sus finanzas.

Ese razonamiento es correcto desde la perspectiva comercial en el que sí, la mayor rentabilidad (max profit) es el parámetro que determina la toma de decisiones. El problema viene cuando, se decide con base a un criterio mercantilista sobre los derechos humanos de las personas, pues, así como se venden pocos panes en los municipios más pequeños, por esa razón en ellos se instalan “pocas” casillas, por tanto, se levantan menos votos, entonces ¡No valen la pena!

Una organización política o un candidato al diseñar su estrategia electoral, desde luego que puede desdeñar las demarcaciones políticas que signifiquen una aportación mínima de votos a su causa, y puede incluso prescindir de visitar esos municipios “morralla” que no le aportan mucho y en los que el gasto no resulta rentable, porque, “¡No votan, pero hay que ver como piden!”.

El problema es que las autoridades, las instituciones no pueden conducirse con ese pensamiento, pues al hacerlo así, vulneran los derechos humanos de las personas, ¿Cuál es la razón por la que las y los ciudadanos que habitan en Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa tendrán el privilegio de contar con un consejo “especial” encargado de contar los votos de la elección de ediles del ayuntamiento?; mientras que en el resto de la entidad, sus habitantes tendrán que esperar turno a ser atendidos en los Consejos Distritales para que se cuenten los votos de su elección.

Como se ve, la medida resulta violatoria del principio de igualdad establecido en la Constitución Federal, y por si misma resulta discriminatoria para las personas que no tienen el “privilegio” de vivir en Xalapa, Veracruz o Coatzacoalcos, pues tendrán que esperar para que se desahogue el cómputo de su elección de ayuntamiento.

Ahora bien, este aspecto puede parecer de carácter teórico o filosófico para algunos, está bien, pensemos que podemos prescindir del principio de igualdad sustancial; entonces el problema que representa la medida de suprimir los consejos municipales no deviene del respeto a los derechos humanos y resulta de la operatividad de las elecciones.

Como sabemos, al término de la jornada electoral, se cierran las casillas e inicia el procedimiento de escrutinio y cómputo de los votos, actividad que puede tomar entre dos y cinco horas, después de ello, se elaboran las actas, se integra el paquete electoral, mismo que es remitido, en ese momento, por lo general muy avanzada la noche o en la madrugada del día siguiente, al Consejo Electoral correspondiente.

Cuando existen consejos municipales la cosa no es tan complicada, pues a pesar de que existen municipios con una amplia dispersión geográfica, las distancias o tiempos de traslado no son tal dilatados.

El problema surgirá cuando en una elección de ediles del ayuntamiento altamente competitiva, en el que la diferencia entre primer y segundo lugar sea muy cerrada, como ya ha ocurrido en procesos electorales pretéritos (elección del ayuntamiento de Emiliano Zapata en 2017 por ejemplo) se tengan que trasladar los paquetes electorales fuera del municipio ¿Qué cree usted que pueda pasar?

Imagine usted ese escenario en Chicontepec y hay que mover los paquetes a Tantoyuca, ¿Quién los va a trasladar?; ¿Quién se hará responsable?

¿De Ozuluama a Pánuco?, ¿De Coyutla a Papantla?, ¿De Ayahualulco a Coatepec?, ¿De Tlaltetela a Emiliano Zapata?, ¿De las Minas a Perote?, ¿De Tezonapa a Zongolica?, ¿De Omealca a Cosamalopan?, ¿De José Azueta a Santiago Tuxlta?, ¿De Soteapan a Cosoleacaque?, ¿De Hidalgotitlán a Minatitlán?, O bien, ¿De Moloacán a Coatzacoalcos?

¿Quién se anima? Emociones garantizadas.

Sería interesante que el autor o autores de la reforma, incluso sus apologetas, o algún familiar cercano a ellos, les tocara trasladar paquetes electorales de un municipio a la cabecera distrital en un ambiente de alta competitividad y conflicto post electoral.

La cosa no termina ahí, el Distrito 22 con cabecera en Zongolica, aglutina 18 municipios, supongamos que en 17 de ellos la jornada electoral transcurre en santa paz, pero en uno solo de esos municipios la cosa se puso caliente, y un grupo de personas armadas se traslada a la cabecera distrital para tomar por la fuerza el Consejo Distrital, y por la razón que sea, la situación se sale de control y queman las instalaciones junto con toda la papelería electoral que permanecía resguardada en su interior. El conflicto post electoral surgido en un municipio afectara de manera innecesaria las elecciones de los 17 municipios restantes, y probablemente hasta la de diputaciones.

Como se ve, la idea de ahorrar por ahorrar no siempre es la mejor razón para impulsar una reforma.

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[1] Conforme a información publicada por el INEGI. www.inegi.gob.mx  

[2] Municipios como Isla, Actopan, Zongolica, Jalacingo, Mixtla, Amatlán, Tres Valles, Aguadulce, Catemaco, Atzalan, Alvarado, Ixhuatlán de Madero, Chicontepec, Coatzintla, Tezonapa, Cosamaloapan, Santiago Tuxtla, Pueblo Viejo, Coscomatepec, Huatusco, Tlapacoyan, Misantla, Altotonga, Fortin, Ixtacqzoquitlan, Perote, Medellin, Emiliano Zapata, Las Choapas, Acayucan, Coatepec, Tihuatlán, Pánuco y Tantoyuca integran cada uno entre 43,500 a 104,000 habitantes; y entre todos aglutinan el 26.37% de la Población total del Estado.

[3] Titulada en español como: El Desafio.