Menos dinero para los partidos políticos.

Gilberto Salazar

El pasado martes 29 de octubre la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el Dictamen por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Federal con la finalidad de reducir en cincuenta por ciento el financiamiento público para los partidos políticos.

La determinación se anunció como un hecho consumado, e inclusive se anticipó que el proceso de reforma a la Constitución quedaría concluido antes de la aprobación del presupuesto de egresos 2020 y que los casi dos mil quinientos millones de pesos de ahorro que la medida significaría serían destinados al campo y la educación.

Así, se incluyó en la gaceta legislativa correspondiente a la sesión del Pleno de la cámara de diputados del miércoles 30 de octubre, el dictamen de reforma a la Constitución federal para reducir a la mitad los ingresos que los partidos políticos nacionales reciben por concepto de financiamiento público.

La propuesta de reforma es muy sencilla, consiste en modificar la fórmula para el cálculo del financiamiento público que de manera anual corresponde a estas organizaciones políticas.

Actualmente la base de cálculo es la siguiente: La bolsa total de financiamiento público anual que corresponde a todos los partidos políticos se obtiene de multiplicar el número total de personas inscritas en el padrón electoral por el 65% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

La cifra que se obtiene de la operación anterior ($4,988,864,914.00 para el año 2020) se distribuye de la siguiente manera: El 30% en partes iguales y el 70% se distribuye de forma proporcional a la votación obtenida por los partidos políticos con registro vigente.

De esta manera para el año 2020 el financiamiento público anual a distribuirse entre los partidos políticos se hará en la siguiente proporción: $1,496,659,472.00 se distribuirán en partes iguales entre los 7 partidos con registro; y $3,492,205,422.00 se hará de manera proporcional, atendiendo al porcentaje de votación obtenida por cada partido político en la última elección de diputaciones de mayoría relativa.

Conforme a lo anterior, cada partido político recibirá el próximo año por concepto de financiamiento público la cantidad de: $213,808,496.00 de manera igualitaria; y adicionalmente, atendiendo a su porcentaje de participación en el mercado electoral: Partido Acción Nacional $694,982,233.00; Partido Revolucionario Institucional $642,254,528.00; Partido de la Revolución Democrática $205,021,053.00; Partido Verde Ecologista de México $186,032,950.00; Partido del Trabajo $152,473,377.00; Movimiento Ciudadano $171,305,002.00; y Morena $1,440,136,299.00.

Impacto de la Reforma al artículo 41 constitucional en materia de financiamiento público.

De aprobarse la reforma constitucional propuesta, la fórmula para el cálculo del financiamiento público se haría multiplicando el número total de personas inscritas en el padrón electoral por el 32.5% de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); como se anticipó, la reforma propuesta consiste en reducir la base de cálculo a la mitad.

Así, el financiamiento público para actividades ordinarias que corresponde a los partidos políticos en el año 2020 se reduciría en la siguiente razón:

•  El Partido Acción Nacional pasaría de ejercer $908,790,729.00 a $454,395,364.50.
• El Partido Revolucionario Institucional vería mermado su financiamiento de $856,063,024.00 a $428,031,512.00.
• Al Partido de la Revolución Democrática se reducirá su financiamiento de $418,829,549.00 a $209,414,774.50.
• El Partido Verde Ecologista de México dejara de ejercer $399,841,446 para disponer de $199,920,723.00.
• El Partido del Trabajo pasará de ejercer $366,281,873 a $183,140,936.50.
• Movimiento Ciudadano verá reducido su financiamiento de $385,113,498.00.a $192,556,749.00.
•  Morena dejará de recibir $1,653,944,795 para ejercer $826,972,397.50.

De prosperar la reforma, los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional ejercerán durante el ejercicio 2020 en promedio 440 millones de pesos, esto es poco más que la mitad de lo que percibirá Morena.

Sin embargo, los partidos políticos de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo y Movimiento Ciudadano, dispondrán de menos del 25% de los recursos que tendrá a disposición el partido mayoritario, esto es, un promedio de 196 millones de pesos anuales.

Gastos de campaña.

Si se toma en cuenta que la propia Constitución establece que durante los años electorales, se ministrará financiamiento público para gastos de campaña hasta por el 50% adicional de lo que les corresponda para el sostenimiento de sus actividades ordinarias; resulta que Morena podrá recibir hasta $410 millones adicionales para campaña; PAN y PRI hasta 210 millones; mientras que PRD, PVEM, PT y MC dispondrán de poco menos de 100 millones para ese propósito.

Austeridad inequitativa.

Como se ve, no es lo mismo quitar el 50% del financiamiento al partido mayoritario que a las expresiones políticas emergentes. Por obvio que parezca, la medida no es proporcional ni equitativa, pues no es lo mismo la mitad de 820 que de 196; es decir, la medida de reducir a la mitad el financiamiento público no puede implementarse a rajatabla, pues si bien la medida propuesta es objetiva, tiene un mayor impacto en las organizaciones políticas que perciben menos recursos.

Para ilustrar lo anterior, basta considerar si en un escenario hipotético se anunciara como medida de austeridad reducir por igual el salario que perciben todos los servidores públicos del país, sin distinguir los niveles de ingresos de los trabajadores. Dicha medida será evidentemente inequitativa. Veamos:

Si a un trabajador que tiene un ingreso de 3 salarios mínimos al mes y recibe la cantidad de $7,952.4 se le descuenta el 30% de sus ingresos terminará percibiendo $5,566.68; mientras que, si a un trabajador que gana 10 salarios mínimos, se le aplica el mismo descuento dejará de ganar $26,508 para recibir $18,555.60; es evidente que los efectos del descuento, que si bien es aplicado en la misma proporción, será más significativo en la economía de quien tiene menor nivel de ingresos, que en el caso del trabajador que más gana, pues aun y cuando para el último el descuento es mayor, sus necesidades básicas se encuentran cubiertas por los mayores recursos con que dispone, en el caso del trabajador de menores ingresos, el descuento se acerca en demasía al mínimo vital necesario para asegurar su subsistencia.

Es por ello que pese al optimismo de los diputados que aprobaron el Dictamen de reforma al artículo 41 de la Constitución en la Comisión de Puntos Constitucionales, el mismo no fue aprobado por el Pleno el miércoles pasado, y ahora se pretende incluirlo en el orden del día de la sesión del Pleno programada para el día de mañana, 6 de noviembre; sin embargo, parece complejo que la oposición acompañe la reforma propuesta.

Si bien la reducción del financiamiento público es una medida necesaria para corregir el gasto excesivo que significan los partidos políticos desde la reforma de 2007, es necesario asegurar que la medida de austeridad planteada, además de partir de una base objetiva, cumpla con los criterios de proporcionalidad y equidad.

Disminuir el financiamiento público que corresponde a los partidos políticos es una asignatura pendiente, que resulta además necesaria para corregir el dispendio que significó el abultamiento de las burocracias partidistas, determinada por la abundancia de recursos que representó a estas organizaciones la reforma constitucional en materia política de 2007, que materialmente duplicó los ingresos a los partidos políticos; los cuales, por si fuera poco, a partir de entonces dejaron de gastar en adquirir tiempo de radio y televisión, pues fue en esa misma reforma que se les concedió acceso gratuito al tiempo de radio y televisión que corresponde al Estado, rubro de gasto en el que hasta antes de 2007 destinaban hasta el 80% de sus recursos.

Es evidente la necesidad de disminuir el gasto de los partidos políticos que significa para nuestro sistema político electoral; sin embargo, se debe cuidar que la medida no afecte de manera desproporcionada la realización de sus actividades ordinarias, que pueda comprometer su viabilidad operativa y competitividad electoral.

En una reforma como la que se propone, además de la aplicación objetiva de medidas de austeridad, se debe privilegiar la realización del principio de equidad en materia electoral, una posible solución para ahorrar en financiamiento sin comprometer la pluralidad política, sería modificar la proporción de distribución del financiamiento para que, en lugar que se distribuya en la proporción de 30% igualitario y 70% proporcional; se asigne el 50% de manera igualitaria entre los partidos políticos con registro y el restante 50% de manera proporcional al porcentaje de participación del mercado electoral que ostente cada uno de ellos.

Con tal disposición además del ahorro pretendido, se aseguraría la pluralidad política, la existencia de condiciones mínimas de competitividad en condiciones de equidad, al tiempo que se continuaría premiando el trabajo de aquellos partidos políticos que logran tener un mayor impacto en el electorado.

Habrá que ver qué ocurre mañana, aunque reitero, parece difícil que los partidos de oposición acepten la medida en los términos en que está planteada, pues ello significaría para las opciones políticas emergentes darse un balazo en el pie.