Los primos ricos de la democracia.

Gilberto Salazar

No es exagerado afirmar que en todas las familias existe uno, dos o quizás más parientes que se encuentran en una posición económica de prosperidad en mayor proporción que el resto de sus integrantes; sea por la pasión que imprimen al ejercicio de su profesión, por su habilidad para los negocios, por su buena fortuna, o inclusive por su astucia para obtener ventaja sobre terceros.

La abundante hacienda de los tíos ricos, determina en buena medida la manera en que viven e interactúan, o no, con los demás integrantes de la comunidad.

Sus hijos, los primos ricos, viven de igual manera en la realidad que su posición económica les permite: Usan ropa y tenis de marca y renuevan en su totalidad su guardarropa cuando menos una vez al año, aunque en ocasiones descartan sus efectos en cada cambio de temporada. ¡Dichosos quienes heredan las garras que los primos ricos ya no quieren!

Si por casualidad se les topa caminando por la calle y algún transeúnte les pregunta que autobús tomar para llegar a determinado lugar son incapaces de responder, ¿Y por qué habrían de saberlo? Si ellos se transportan en autos particulares, que por lo general no son conducidos por ellos mismos ni por un familiar cercano, ese trabajo está reservado para un chofer.

Así, la abundancia que disfrutan les permite eludir ocuparse de actividades cotidianas como: Cocinar, lavar la ropa, planchar, limpiar la casa, lavar el auto o hacer el jardín. No, eso es muy pesado y demanda tiempo, mejor pagar y que alguien más lo haga, así se vive más relajado y se tiene más tiempo para hacer lo que les gusta.

Y no es que vivir así tenga nada de malo, todo lo contrario, ¿a quien no le gustaría vivir así? Sin preocuparse por cómo estirar el presupuesto y lograr que alcance para todo y para todos en casa y  aún exista espacio para practicar algún deporte, para el ocio y el esparcimiento.

La la razón que motiva la reflexión anterior es evidenciar que existen personas que en razón de su posición económica viven, piensan, juzgan y actúan en un paradigma diferente que aquellas personas que cuentan con recursos limitados y se ven obligados por ejemplo a usar transporte público, optimizar el gasto y el uso de recursos, precisamente porque son limitados.

Esas dos visiones que si bien pueden coincidir en un objetivo común, como lo es organizar las elecciones por ejemplo, determinan que existan cuando menos dos planteamientos para enfrentar una misma situación; y en esos casos, por lo general se impone la razón del más fuerte, sin importar que existan formas más eficientes (económicas) para resolver una  situación.

La concurrencia de dos paradigmas respecto de una misma realidad supone un conflicto o cuando menos la existencia de fricciones y desacuerdos, sobre todo cuando la atención de la situación implica la aplicación de recursos financieros.

Este conflicto determinado por el concurso de dos manera de percibir la realidad fue incluso advertido por el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, a quienes recomendó: “no os unáis en yugo desigual; porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?”. Así, por ejemplo, sin dudar que el verdadero amor existe, y puede ocurrir que, como en las telenovelas, el joven hacendado se una a la más agraciada de su servicio, o viceversa; dicha unión si bien no es imposible, si puede resultar muy compleja, pues implica la articulación de dos paradigmas diferentes, de dos maneras diametralmente opuestas de percibir e interpretar la realidad, pero sobre todo, de enfrentarla.

Pues precisamente eso fue lo que hizo el poder reformador de la Constitución en 2014 al establecer el sistema nacional electoral, que unió en yugo desigual al tío rico (INE) con los primos del rancho, que sin estar del todo derrotados en el aspecto económico, antes de la reforma operaban de manera evidentemente más austera.

Tal unión desigual obligó a los organismos electorales locales a elevar su gasto operativo, pues a causa de la rectoría del sistema electoral que ejerce el Instituto Nacional Electoral, éste impuso, para “mejorar” su desempeño, que los amigos de provincia, como decía el señor Aguilera de: “En familia con Chabelo”, usaran tenis y ropa de marca, para que las elecciones locales se hicieran “con la misma calidad” que las que organiza el INE.

En este proceso de mejora de la calidad (formal) de las elecciones, se impusieron normas, procesos de certificación y protocolos de actuación que encarecieron materialmente la organización de las elecciones locales.

Un ejemplo de ello es el Programa de Resultados Electorales Preliminares, programa que desde que recuerdo, previo a su implementación es objeto de un amplio debate por parte de las representaciones de los partidos políticos y sectores de la sociedad civil por su alto costo de operación.

Es común que al inicio de cada proceso electoral, un reclamo de los partidos políticos, al menos en el estado de Veracruz, es pugnar porque el PREP lo organizara la Universidad Veracruzana, o bien el propio órgano electoral. La razón: el excesivo gasto que a su juicio representa su aplicación, además de la evidente desconfianza de poner en manos de un tercero los resultados electorales, aun y cuando son preliminares.

La proclama de un PREP “oficial” implementado por el Organismo Público Local Electoral retomó fuerza a partir del 2015; en razón del nuevo ejercicio de competencias que en materia electoral nos heredó la reforma de 2014 (DOF 10/02/2014).

Así desde la instalación del Consejo General para el proceso electoral 2015-2016 para la renovación de la gubernatura y el Congreso del Estado de Veracruz, las representaciones de los partidos políticos pugnaron una vez más, por que el PREP fuera organizado por la Universidad Veracruzana o en su caso directamente por el OPLE Veracruz; la idea de lo anterior era generar un Programa de Resultados Electorales seguro, confiable y que costara menos dinero a los veracruzanos; después de todo, esa fue una de las razones que  motivaron la reforma de 2014: Que las elecciones dejaran de ser tan costosas.

La pretensión de un PREP oficial no próspero entonces, y para esa elección (2015-2016) el PREP fue encomendado a una empresa (Grupo Proisi S.A. de C.V.) vieja conocida en la implementación y operación de dicho Programa en nuestro Estado.

No obstante, para el siguiente proceso electoral, la iniciativa de un PREP oficial, más seguro, confiable y “económico” se materializó; de tal suerte que para el proceso electoral 2016-2017 para la renovación de los 212 ayuntamientos del Estado, el PREP le fue encomendado al tío rico, es decir al INE. ¡Por fin tendríamos el tan anhelado PREP seguro, confiable y económico! ¿O, no?

Pues no, el PREP que implementó el INE resultó más oneroso que cuando se encomendó a una empresa mercantil, a pesar de que para cualquier proceso electoral en nuestro Estado se instalan las mismas 10,595 casillas.

Conforme a información pública del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, el PREP para el proceso electoral 2015-2016, para la renovación de la gubernatura y del Congreso del Estado tuvo un costo total de $29,986,000.

Para la elección de ediles de los ayuntamientos en el proceso electoral 2017-2018 que implementó el INE, costó $44,873,570.

Y para el último proceso electoral para la elección de gubernatura y diputaciones locales, a cargo de un tercero, el costo del PREP ascendió a la cantidad de $34,894,685.

Lo anterior evidencia que cuando el PREP fue realizado por el INE, dicho programa resultó al menos diez millones de pesos más más caro que cuando fue encomendado a una empresa mercantil; esto a pesar que en 2016-2017 se debió procesar la mitad de actas de escrutinio y cómputo al ocuparse de una sola elección (ediles de los ayuntamientos) y por ende sólo se implementó un PREP a diferencia de los procesos electorales 2015-2016 y 2016-2017  en que se implementó una plataforma para la elección de gubernatura y una para la de diputaciones.

Es cierto que del costo total del PREP en 2017-2018 que implementó el INE, se deben deducir poco más de 11 millones que correspondieron a la adquisición de equipo de cómputo para la operación del programa que pasó a formar parte de los activos del OPLE Veracruz;  casi 8 millones que se destinaron al pago de salarios para el personal eventual que operó el PREP; y 5.2 millones por servicios de telecomunicaciones; no obstante, cabe cuestionar ¿Por qué cobró más de 19 millones de pesos el INE para la implementación del PREP en 2017?.

Parece que 19 millones por la asesoría técnica que presta una institución no lucrativa es demasiado, pues debe partirse de la base que el INE ya cuenta con el script del PREP federal, que sólo requiere ajustarse a las necesidades locales, es decir no se requiere el desarrollo de software desde cero.

Además, sin conocer la balanza financiera de la empresa que operó el PREP en 2016 y 2018, es muy probable que esos 19 millones superen por mucho su margen de utilidad, pues en el caso de la empresa, ésta debió pagar: salarios, equipo de cómputo, servicios de telecomunicaciones, gastos operativos, así como impuestos, que como se evidencia, el INE no absorbió en 2017 cuando implementó un PREP más limitado que en 2016 y 2018.

Este es sólo un ejemplo del mayor costo que para la organización de las elecciones locales significa la rectoría del INE, pues además del costo de operación del PREP, se debe pagar los servicios del Comité Técnico Asesor del PREP, integrado por notables académicos que realizan una suerte de auditoría de gabinete al programa; esto sin considerar la producción de papelería y materiales electorales que de igual manera se realizan conforme a la norma nacional impuesta por el INE, pero, como decía la nana Goya, ¡Esa es otra historia!

Ahora bien, el problema es que como decía mi abuela. ¡A lo bueno se acostumbra rápido! ¿Será posible que los OPLES sean capaces de organizar elecciones con menos recursos? ¿Será irreversible el paradigma de elecciones de calidad –más caras- impuesto por el INE en ejercicio de su rectoría?

Atender a la última cuestión debiera ser una de las reflexiones surgida desde el interior de los organismos electorales, pues el ejercicio racional y responsable de los recursos debiera ser una política autoimpuesta por parte de organismos autónomos, no a través de una reforma, pues hacerlo así, lesiona su autonomía e independencia. Hoy más que nunca nuestro país requiere instituciones democráticas fuertes, independientes y autónomas.