La desmitificación de lo electoral.

Este año se cumplen 15 años de mi primera incursión en el derecho electoral, la cual estuvo determinada por una afortunada casualidad, les cuento:

Era enero de 2004 y a invitación de una maestra de la universidad, me integré al grupo de abogados para “la defensa jurídica del voto” del candidato a la gubernatura del estado de Veracruz por la coalición “Unidos por Veracruz”; entonces, ese grupo de abogados nos concentrábamos por las tardes a practicar “box de sombra” en un inmueble ubicado en la calle de Santos Degollado en el centro de la ciudad de Xalapa.

Un día, quien nos coordinaba, preguntó ¿Quién podía llevar unos documentos a la oficina del Comité Estatal?, la cual estaba a una cuadra de nuestra ubicación, en la calle de Zamora, frente a Palacio Federal, al no tener mejor cosa que hacer, me ofrecí para la diligencia. Cuando llegué a mi destino me anuncié en la recepción, apenas estaba terminando de registrarme, cuando una persona con evidente sentido de urgencia me preguntó: ¿Es usted el abogado? A lo que respondí que sí; aún más apurado continuó: acompáñeme, lo están esperando en la sala de juntas.

Resulta que estaban esperando a un abogado de la ciudad de México “experto en derecho electoral” que no llegó a la ciudad porque perdió su vuelo. Yo no mentí, pues en efecto, soy abogado, pero no el que esperaban. En la reunión me sorprendió la confianza con que se dirigían a mi persona, como si me conocieran de toda la vida, en ese momento yo no conocía el contexto de mi incursión, y debo confesar que me sentí halagado por la cálida recepción.

Entonces quien presidía la reunión me bombardeó con una serie de preguntas relacionadas con el marco jurídico electoral, mismo que entonces no conocía más allá de la conciencia de que existía algo denominado “derecho electoral”; por lo que le respondí que tendría que analizar el caso concreto para dar una respuesta fundada. La verdad es que no tenía idea de lo que me hablaban.

Esa noche no dormí, me la pasé, estudiando, buscando criterios y precedentes para primero entender el contexto de los temas planteados, formarme un juicio y finalmente responder las cuestiones que se me lanzaron. No es por nada, pero me fue muy bien, a partir de entonces continué este camino, primero en el litigio en materia electoral, después en el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz como secretario de estudio y cuenta y actualmente en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz.

Esta experiencia acumulada en 15 años de práctica, me ha permitido conocer las tres dimensiones de la cuestión electoral: la operación desde la óptica de partidos políticos y candidaturas; la perspectiva desde lo jurisdiccional para resolver medios de impugnación; y la preparación y organización de las elecciones desde la posición del árbitro electoral; circunstancia que me permitió ser testigo activo de la evolución de la legislación, instituciones y criterios, que han posibilitado la consolidación de las instituciones democráticas en el País.

Hace 15 años, se percibía a los abogados electorales como una suerte de alquimistas, que eran capaces de articular un sistema normativo inaccesible para muchos; por su novedad, algunas de sus instituciones resultaban incomprensibles para quienes se habían formado en el derecho privado por ejemplo, por esa razón, era común en el foro desdeñar la labor de quienes ejercíamos la abogacía electoral, entonces se decía que quienes nos dedicábamos a lo electoral no éramos operadores jurídicos, sino políticos.

La caracterización de sistema electoral como el mecanismo de conversión de votos en escaños; la fórmula de representación proporcional; el factor determinante necesario para la nulidad de la votación; así como la articulación del sistema con base en principios constitucionales, constituían aspectos novedosos para los operadores jurídicos, y dotaron en cierta medida ese halo de misterio que se atribuía a lo electoral.

Hoy esa percepción ha cambiado, la pujante evolución del derecho electoral en nuestro País, determinada por el ejercicio recurrente: elección – reforma, observado en los últimos 30 años, ha permitido la maduración del modelo, propiciando que hoy contemos con instituciones electorales sólidas, pero sobre todo confiables. Tenemos pues una saludable democracia formal.

Así es, hoy todos tenemos la certeza de que todos los votos cuentan, que se cuentan bien, y por ende quien resulta vencedor en las elecciones lo hace siempre con el mayor número de votos, a la vez que la contienda electoral, cada vez más, se desarrolla en condiciones de equidad, en una cancha pareja y en un juego limpio que garantiza la oportuna actuación de las autoridades de la materia.

Ello es así, pues las elecciones se realizan a la vista de todos. La participación activa de las representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes en los consejos electorales, ha permitido aumentar la confianza ciudadana en el quehacer de los organismos electorales: nacional y locales. Así, esas representaciones se constituyen en garantes de la legalidad electoral, que se cataliza inclusive mediante la interposición de los medios de impugnación que materializan el derecho constitucional a la tutela judicial.

Esta disposición de cosas, ha determinado que hoy no exista nada oculto en la articulación de los procesos electorales, pues conforme al principio de máxima publicidad, las elecciones se organizan en una casa de cristal, en la que prácticamente toda la actuación de la autoridad se encuentra abierta al escrutinio público.

No obstante, aún existen reminiscencias de las reglas de operación de las elecciones que corresponden a otro tiempo.

Una de ellas es la disposición de realizar el cómputo de las elecciones el miércoles siguiente al día de la jornada electoral. No conozco de cierto la razón que motivó ese acomodo, pero puedo imaginarlo.

Si tomamos en cuenta que, desde que se implementó el programa de resultados electorales preliminares por primera vez, así como la inclusión de conteos rápidos en las últimas dos elecciones a la gubernatura del estado; en todos los casos, estos ejercicios han confirmado el resultado de las elecciones, lo que evidencia que los votos se cuentan bien y por tanto, nuestro modelo electoral es fiable y seguro.

Por otra parte, los consejos electorales distritales, y municipales en su caso, el día de la jornada electoral se instalan en sesión permanente, la cual concluye hasta que se recibe el último paquete electoral; durante la cual, una vez que concluye la jornada electoral y comienzan a llegar los paquetes electorales a esos órganos desconcentrados, quien los preside, da lectura a los resultados que consignan las actas de los paquetes electorales y se capturan en un sistema de cómputo, preliminar, esto  ocurre de manera paralela a la operación del PREP.

Así pues, si se toma en cuenta que los resultados que reporta el PREP no son oficiales y menos aún vinculantes, tal y como ocurre con los conteos rápidos; aunado al hecho ya comentado, que sus resultados siempre han sido coincidentes con los de los cómputos oficiales, es pertinente cuestionar la necesidad de implementar ambos procedimientos. Máxime si se considera el alto costo que significa su implementación.

En el proceso electoral 2015-2016 en que se renovó la gubernatura y al Congreso del Estado el PREP tuvo un costo de $29,986,000; en el de 2016-2017 en que se eligió a los ediles de los ayuntamientos importó la friolera de $44,873,572.05; y en el último proceso electoral (2017-2018) en que se renovó la gubernatura y diputaciones locales tuvo un costo de $34,894,685. Por su parte, el Conteo rápido para la elección de gubernatura en 2016 tuvo un costo de $11,080,477 y en el 2018 de $2,651,229.

Así en tres años, para conocer el resultado de las elecciones lo más rápido posible, se ejerció un gasto total de $123,485,964, no obstante, los resultados del PREP y del conteo rápido no son oficiales. Sin duda alguna, el PREP y los conteos rápidos constituyen somníferos muy caros para nuestra democracia.

Sentado lo anterior debe reflexionarse la posibilidad de prescindir de ambos mecanismos para anticipar resultados no oficiales, y en su lugar establecer que el cómputo de las elecciones se realice de manera inmediata a la conclusión de la jornada electoral, con ello tendríamos la posibilidad de contar con resultados electorales oficiales de manera inmediata, a más, del significativo ahorro que significaría tal medida.

Desde luego, la solución definitiva a esta problemática seria la transición hacia el voto electrónico, pero esa es otra historia.

Gilberto Salazar