Reforma electoral. Yo tengo otros datos.
Gilberto Salazar
En la iniciativa de reforma
a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
electoral, suscrita por el Diputado federal por el principio de representación
proporcional, Sergio Gutiérrez Luna, se plantea la “necesidad” de desaparecer a
los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), encargados de organizar
las elecciones locales (gubernatura, diputaciones locales y ediles de los
ayuntamientos) en cada una de las 32 entidades federativas, bajo el argumento
de que dichas instituciones no justifican su razón de ser; pues a su juicio,
hacen lo mismo que el Instituto Nacional Electoral (INE).
La iniciativa está
construida bajo el paradigma de “austeridad electoral” –que se pretende insertar en el texto
constitucional como uno de los principios rectores de la función electoral- y
considera que mantener en funcionamiento 32 OPLES que “no realizan actividades
sustanciales” no encuentra justificación alguna y significa el dispendio de
recursos públicos.
Para ilustrar su
planteamiento, en la exposición de motivos se presentan –como es de rigor en
este tipo de documentos- cifras que “justifican” la desaparición de los OPLES,
pues, según se lee, desaparecer a los organismos locales traerá como
consecuencia un ahorro anual de poco más de once mil seiscientos millones de
pesos[1].
Sin embargo, las cifras de
gasto que se presentan en la exposición de motivos con respecto al INE y los 32
OPLES del país son erróneas, pues en el “análisis financiero”, si se le puede
llamar así por su escaso valor metodológico, se consigna como monto total de
gasto ejercido por los organismos electorales (nacional y locales) el monto del
presupuesto que para cada ejercicio fiscal, fue autorizado por la Cámara de
Diputados en el caso del INE y por los congresos locales en el caso de los 32
OPLES del País; sin embargo, el presupuesto que se autorizó a los citados
órganos electorales no constituye el gasto que en realidad ejercen, pues dentro
del mismo se integra el financiamiento público que en el ámbito federal y local
se otorga a los partidos políticos.
Por tanto, en este ejercicio 2019, si bien es cierto
al INE se aprobó un presupuesto anual de $15,363,037,745 (quince mil, trescientos sesenta y tres mil
millones, treinta y siete mil, setecientos cuarenta y cinco pesos), de esa
cifra, $4,965,828,351 (cuatro mil, novecientos cuarenta y cinco millones,
ochocientos veintiocho mil trescientos cincuenta y un pesos) corresponden al financiamiento público
de los partidos políticos, de donde
resulta, que el gasto que en realidad ejercerá el INE en este año es de $ 10,397,209,394 (diez mil
trescientos noventa y siete millones, doscientos nueve mil trescientos noventa
y cuatro pesos), esto es, casi 5 mil millones menos que los que, por error o
deliberadamente, reporta la exposición de motivos.
Lo mismo
acontece en el caso de los 32 OPLES del país, pues en la exposición de motivos
se consigna que en 2019 ejercerán en su conjunto un gasto de $9,272,293,777.57 (nueve
mil doscientos setenta y dos millones de pesos, doscientos noventa y tres mil,
setecientos setenta y siete pesos 57/100 M.N.) sin embargo, dicha cifra, si
bien se aproxima al presupuesto que les fue autorizado para este ejercicio
2019, de igual manera comprende el financiamiento que en el ámbito local, se
otorga a partidos políticos nacionales y locales.
Así, después
de haber consultado los presupuestos que los congresos locales aprobaron en
definitiva a cada uno de los 32 OPLES del país; resulta que a
dichos organismos se les autorizó un presupuesto de $9,510,170,746.41
(nueve mil quinientos diez millones, ciento setenta mil, setecientos cuarenta y
un pesos 41/100) de los cuales $4,676,568,681.97 (cuatro mil seiscientos
setenta y seis millones, quinientos sesenta y ocho mil, seiscientos ochenta y
un pesos) corresponden a financiamiento de los partidos políticos, tal y
como se observa en la gráfica siguiente:
De lo
anterior, se observa que el gasto anual de los 32 OPLES en este ejercicio
2019 es de poco más de 4 mil 800 millones de pesos, no de 9 mil 500 como se
pretende destacar en la exposición de motivos de la iniciativa de reforma,
así que el ahorro aparente por desaparecer a los OPLES será de menos de 5 mil
millones de pesos al año; sin embargo ello es incierto, pues de desaparecer a
los OPLES, las funciones que realiza se deberán trasladar al INE, y asumir las
nuevas funciones sin duda alguna impactará en su gasto operativo, de tal suerte
que al ahorrar en el gasto local, este se reflejará necesariamente como un
gasto adicional al que ejerce el INE.
Por otra
parte, debe destacarse que el costo operativo de los OPLES significa el 51% del
presupuesto total que administran los 32 OPLES del País, mientras que el 49%
restante lo ejercen los partidos políticos. Como se ve, en el ámbito local,
el gasto que ejercen los OPLES es prácticamente equivalente al que ejercen los
partidos políticos; sin embargo debe destacarse que en los partidos
políticos nacionales, acceden al financiamiento público que otorga el INE, a la
vez que reciben financiamiento público por parte de los 32 OPLES del País, en
una proporción prácticamente equivalente, pues en este año 2019, los
partidos políticos nacionales en su conjunto recibirán por parte del INE la
friolera de $4,965,828,351 (Cuatro mil, novecientos sesenta y cinco
millones, ochocientos veintiocho mil, trescientos cincuenta y un pesos);
mientras que recibirán por parte de los OPLES del país, la cantidad de
$4,676,568,682 (Cuatro mil novecientos sesenta y cinco millones,
ochocientos veintiocho mil, trescientos cincuenta y un pesos) que suman $9,642,397,033 (Nueve mil seiscientos cuarenta y dos millones, trescientos noventa y
siete mil, treinta y tres pesos), cantidad
que se aproxima en demasía al costo de operación anual del INE.
Austeridad en los bueyes de mi compadre.
Como se ve,
el único nicho de bonanza en el país lo constituyen los partidos políticos,
pues inclusive la retórica de la iniciativa de reforma, da cuenta de la falta
de congruencia discursiva, pues en cada párrafo que atañe al ejercicio de la
función electoral a cargo de las autoridades de la materia, se martilla con
insistencia que en el ejercicio de su función se debe observar el principio de
“austeridad electoral”, muy bien, es necesario y significa un gesto mínimo de
solidaridad para con los miles de mexicanos que apenas tienen lo necesario para
subsistir, pero, ¿Y los partidos políticos?, ¿Para ellos no aplica la
austeridad?
Parece que no
es la intención de la reforma, pues aunque en ella se plantea el cambio de la
fórmula para calcular la base anual del financiamiento público, para que en
lugar de multiplicar el 65% del valor de la UMA por el número de ciudadanos
inscritos en el padrón electoral, se propone que el factor de proporción de la
UMA disminuya al 33%, lo que implica disminuir en aproximadamente 50% el monto
total de la bolsa anual de financiamiento público que corresponde a partidos
políticos; la iniciativa se olvida de algunos hechos relevantes que se apuntan
a continuación:
1. Los partidos políticos nacionales acceden a
una doble fuente de financiamiento público, pues lo reciben por parte del INE y
por parte de los OPLES, de tal serte que “cobran” dos veces y en dos entidades
públicas distintas por hacer lo mismo. Aplicar el principio de austeridad a los
partidos políticos, implicaría que los partidos políticos nacionales sólo
accedan al financiamiento público que otorga el INE, y que sólo a los partidos
políticos locales, en donde los haya, les otorgue financiamiento público el
OPLE que corresponda.
2. Previo a la reforma en materia política de
2007, los partidos políticos gastaban hasta el 80% de sus recursos en la
contratación de tiempo comercial en radio y televisión, a partir de entonces,
los partidos políticos tienen acceso gratuito al tiempo en radio y televisión.
Por lo tanto, se debió disminuir la base de cálculo del financiamiento público,
pues el mayor rubro de su gasto dejó de existir ante la gratuidad del acceso a
la radio y televisión.
¿Dónde está el dinero?
La falta de
rigor metodológico de la iniciativa de reforma se evidencia, además por el
hecho de no ofrecer un análisis integral del ejercicio del gasto a cargo de los
OPLES, ni de las funciones sustanciales que realizan éstos en el ámbito local.
En este
sentido, al revisar el presupuesto que en este año ejercerán cada uno de los
OPLES en el país, se observa que en promedio, el 70% del gasto que ejercen los
organismos locales corresponde al rubro de servicios personales, dato que
evidencia las graves consecuencias que puede traer aparejada la medida
propuesta, pues más que significar un ahorro, puede generar inestabilidad fiscal,
financiera y social.
De prosperar la reforma
planteada en sus términos, la federación dejará de recaudar más de mil millones
de pesos al año[2]
por concepto del Impuesto Sobre la Renta, ello sin tomar en cuenta las
aportaciones a los sistemas de seguridad social (salud, vivienda y ahorro para
el retiro).
A lo anterior se debe sumar
el impacto que en el mercado financiero tendrá prescindir de la totalidad de
personas que laboran en lo OPLES, pues con ello se generará un problema de
cartera vencida con la banca, en razón que la gran mayoría de trabajadores
tienen contratados créditos hipotecarios, para la compra de automóviles,
tarjetas de crédito y departamentales; compromisos financieros que fueron
adquiridos con base a la estabilidad laboral que disfrutan y que al ser largados,
no podrán hacer frente a sus obligaciones.
Asimismo, se debe ponderar
el impacto social que pueda traer aparejada la medida, pues detrás de cada
clave de personal, de cada nómina, dependen diversas economías, formales e
informales, pues con el salario que se paga a los trabajadores de los OPLES, se
pagan colegiaturas, se compran alimentos, se contrata servicio doméstico, se
consume en fondas, restaurantes, tiendas, etc.
Por todo lo anterior, se
debe mirar objetivamente el problema y ponderar, sin filias y sin fobias, si la
medida de ahorro que se propone, es objetivamente necesaria, justa y viable.
Máxime que desaparecer a los
OPLES no generará los ahorros sustanciales prometidos, pues como se ha visto,
sólo se tiene la expectativa de ahorrar
tres mil millones de pesos anuales[3],
cifra que comparada con los 5
billones 838 mil,059 millones de pesos a que asciende la cantidad total
presupuesto de egresos de la federación para este 2019, apenas representa el
0.008% proporción que no resulta determinante para absolutamente nada.
17-junio-2019
[1] En
el apartado 2 de la exposición de motivos de la iniciativa de reforma suscrita
por el Diputado Gutiérrez Luna se consigna un gasto total de los 32 OPLES en
2018 por la cantidad de $14,020,604,812; y en 2019 se consigna un gasto total
de los 32 OPLES del país por la cantidad de $9,272,293,777.57.
[2]
Considerando que se aplique la tasa del 32% del Impuesto Sobre la Renta a los $3,386,703,437 que los OPLES en su conjunto gastan
por concepto de sueldos y salarios
[3]
Cifra que resulta de descontar el importe de la recaudación esperada por
concepto de ISR.
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